¿Licitación, o subasta?
Hay una escena que se repite cada año en cientos de municipios. Un ayuntamiento saca a concurso el comedor escolar, las extraescolares o la gestión del casal de verano. El pliego dedica páginas a la solvencia y a los formalismos, pero despacha en una línea lo esencial: gana quien más baje el precio. A veces la oferta económica vale el cien por cien de los puntos; muchas veces, el setenta o el cincuenta. Y alguien, en algún despacho, celebra el ahorro.
Conviene explicar qué se está comprando de verdad en esa subasta. En nuestros servicios no hay apenas materiales ni maquinaria: hay personas. Educadoras y educadores, monitoras, dinamizadores, coordinadoras. La inmensa mayoría de cada euro licitado es salario, cotizaciones, suplencias cuando alguien enferma, reconocimientos médicos, formación, horas de programación y de reunión con las familias. Cuando una oferta baja por debajo del coste real de todo eso, no ha aparecido un genio de la eficiencia: ha aparecido alguien dispuesto a incumplir. El convenio, las ratios, las horas o la calidad prometida. Algo, seguro. Y el pliego que lo permite no es neutral: está fabricando competencia desleal contra las empresas que cumplen y financiando precariedad con dinero público.
Lo más llamativo es que todo esto, además de injusto, suele ser ilegal. La Ley de Contratos del Sector Público obliga a que el presupuesto de licitación se calcule sobre los costes salariales del convenio, desglosados en el propio pliego. Ordena que en los servicios educativos, sociales y culturales —los nuestros están en su Anexo IV— los criterios de calidad pesen como mínimo el 51% de la puntuación. Y manda rechazar, en todo caso, las ofertas anormalmente bajas que no cubran el convenio colectivo. Lo dicen los artículos 100, 145 y 149; lo ha confirmado el Tribunal Supremo; lo aplican cada semana los tribunales de recursos contractuales anulando pliegos que pusieron el precio por delante de las personas. El problema de este país no es que falte ley: es que se incumple con naturalidad, muchas veces por falta de medios y de formación de quienes tienen que redactar unos pliegos endiabladamente técnicos con la mentalidad heredada de la obra pública, donde hasta el beneficio industrial está reglado desde hace décadas. Para licitar hormigón hay método oficial; para licitar educación, no.
Quien paga la diferencia tiene rostro. Este es un sector que emplea sobre todo a mujeres y a gente joven; para miles de personas, un comedor escolar o un casal de verano es su primera experiencia laboral. Si esa primera experiencia consiste en horas no pagadas, contratos por semanas y suplencias que nunca llegan, el mensaje que reciben —y que recibe el país entero— es que educar en el tiempo libre no es una profesión, sino un empleo de paso. Así se descapitaliza un sector: no de golpe, sino licitación a licitación. Y así se agranda, con dinero público, una brecha laboral que tiene género y edad.
Desde FOESC decimos algo muy simple: no queremos ganar concursos incumpliendo, y no aceptamos competir contra quien lo hace. Creemos en la calidad del servicio porque trabajamos con lo más valioso que tiene un municipio, su infancia, su juventud y su vida comunitaria. Y creemos en los derechos laborales porque los hemos firmado: el convenio estatal del sector lleva nuestra firma, y defenderlo en cada pliego es defender nuestra palabra.
Por eso no venimos solo a protestar; venimos a ofrecer. Una guía pública de costes reales, servicio a servicio, para que ningún técnico municipal tenga que presupuestar a ciegas. Formación a los órganos de contratación, codo a codo con las entidades municipalistas. Mesas de contratación responsable con las administraciones y los sindicatos, como las que ya funcionan en otros territorios, donde el precio máximo del comedor escolar se publica con su memoria económica y nadie puede licitar por debajo de coste. Y, cuando haga falta, el recurso ante los tribunales de contratos: no como amenaza, sino como pedagogía.
A las administraciones les proponemos un cambio de mirada que cabe en una frase: dejen de comprar horas baratas y empiecen a contratar proyectos educativos. La ley ya está de ese lado. La evidencia económica, también: cada euro bien contratado en este sector se convierte en empleo local, cualificado y con futuro. Licitar a la baja sale caro. Lo paga el servicio, lo pagan las trabajadoras, lo paga el municipio. Contratar bien, en cambio, es la política de juventud, de igualdad y de país más barata que existe.
Referencias del artículo: arts. 100, 102, 130, 145, 149, 201, 202, Anexo IV y DDAA 47ª y 48ª de la Ley 9/2017 (LCSP); RD 1098/2001, art. 131; informes anuales de la OIReScon; doctrina del TACRC (entre otras, resoluciones 597/2023 y 556/2025) y jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el art. 145.4; Codi de bones pràctiques en la contractació pública dels serveis d’atenció a les persones (Generalitat de Catalunya y agentes sociales); Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos de Navarra.
---
_Este artículo resume el Cuaderno FOESC 04, Contratación pública y calidad del servicio, disponible para descarga en la sección de estudios._