El sector de las colonias y el ocio educativo en Cataluña vive una situación que, por sus consecuencias económicas, recuerda a los peores meses de la pandemia. Así lo recoge L'Econòmic en un reportaje de Anna Pinter publicado el 11 de octubre, que reúne las voces de FOESC, Acellec, Accac, Descoberta y la Fundació Pere Tarrés.
El origen está en el conflicto laboral del sistema educativo público: el profesorado acordó no ir de colonias ni de excursiones como medida de presión. El efecto ha sido inmediato. La facturación de las actividades vinculadas a las colonias ha caído un 80 % este otoño y las previsiones de reservas para la primavera de 2027 acumulan ya un descenso del 55 %, una cifra que puede empeorar si el conflicto se alarga. Las estimaciones del sector sitúan las pérdidas directas por encima de los 50 millones de euros, sin contar el efecto sobre el empleo, las inversiones y los proveedores.
«El sector está muy tocado», resume Pere Mulero, presidente de FOESC. Las colonias escolares funcionan con un ciclo de reservas largo: las estancias de primavera se cierran muchos meses antes y esa liquidez permite sostener los periodos de menor actividad. Ese mecanismo se ha roto.
Un sector arraigado en el territorio
Las casas de colonias se concentran en zonas rurales. Para muchos municipios pequeños, una de ellas puede ser una de las empresas más importantes de la localidad: genera empleo directo y compra el pan y el producto fresco en el entorno. El 80 % del espacio de las casas de colonias está gestionado por pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas familiares. Cataluña cuenta con cerca de 500 equipamientos de colonias y albergues.
Esa fortaleza territorial es también su principal vulnerabilidad. Buena parte de las empresas dependen de una sola casa o de muy pocas instalaciones, con una capacidad financiera limitada para aguantar una temporada con una caída extraordinaria de ingresos. Los márgenes del ocio educativo se sitúan en torno al 3 % o 3,5 %: es una actividad intensiva en mano de obra, con poca capacidad de sustituir personas por tecnología y muy sensible al precio que pagan las familias. A ello se suma que muchas empresas siguen devolviendo los préstamos ICO contraídos durante la pandemia.
Tampoco hay reconversión fácil. El régimen de instalaciones juveniles limita los usuarios a menores de edad y los equipamientos no están diseñados para convertirse en hoteles. Mulero advierte de que una reconversión exigiría inversiones que las empresas no pueden asumir mientras están centradas en sobrevivir.
Lo que pesa el ocio educativo
El reportaje recoge las cifras que FOESC, que agrupa dieciséis organizaciones de todo el Estado, maneja para el conjunto de España: el ocio educativo representa el 1 % del PIB español, y Cataluña supone el 15 % del total, con una facturación de 2.250 millones de euros anuales, 5.400 empresas, pymes y fundaciones, y 24.000 puestos de trabajo. Según CCOO, el sector ocupa a unas 25.000 personas en Cataluña; Acellec calcula que entre 4.000 y 5.000 trabajan en colonias y que la crisis afectará a un millar de fijos discontinuos.
Son cifras que no aparecen en ninguna estadística oficial: no existe un CNAE específico que identifique el ocio educativo ni las casas de colonias. Esa invisibilidad estadística contrasta con una actividad económica considerable, que incluye además comedores escolares, extraescolares, servicios de acogida, casales, actividades de vacaciones y visitas educativas a museos y espacios naturales.
Lo que pide el sector
Las patronales reclaman desde hace años un marco que defina el ocio educativo y evite que cada curso dependa de acuerdos informales. Las colonias son educativas, pero no están integradas en el sistema educativo; son ocio, pero cumplen una función social; implican alojamiento, pero las políticas turísticas las han tratado como actividad de juventud. Mulero reconoce que el primer problema ha sido del propio sector, que no ha sabido explicarse: detrás de una estancia hay profesionales, seguros, instalaciones reguladas, alimentación, programación educativa, un convenio colectivo y una estructura empresarial.
Las reivindicaciones concretas: reconocer las colonias como actividad educativa, garantizar su continuidad y reforzar su estructura económica. Si se quiere un servicio universal, accesible y de calidad, el precio no puede recaer solo en las familias ni la viabilidad en empresas con márgenes tan estrechos.
El Govern ha abierto esta semana una línea de financiación del ICF con una dotación inicial de 5 millones de euros, ampliable. Desde el sector se considera insuficiente y tardía: los créditos debían estar disponibles a finales de agosto.